El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que aboga por la entrada en vigor de una normativa que obligue a las plataformas de streaming de música a pagar una compensación justa a los compositores y a los artistas.

Los eurodiputados quieren que se ponga fin al desequilibrio que existe en la repartición de los ingresos que genera esta industria. Actualmente, la mayor parte del dinero acaba en manos de compañías como Spotify o Apple Music mientras que los creadores de las canciones reciben compensaciones muy bajas.

La votación ha acabado con un resultado de 532 votos a favor, 61 en contra y 33 abstenciones. Los partidarios del sí han insistido en que es necesario un nuevo marco jurídico en los países que forman parte de la Unión Europea que proteja a los autores.

Consideran que es imprescindible revisar el mecanismo de pago por reproducción que emplean las apps de streaming, que fuerza a los artistas a aceptar pagos muy bajos o, incluso, nulos a cambio de obtener una mayor visibilidad entre el público potencial al que quieren llegar.

El texto aprobado indica que la UE debe adoptar las medidas necesarias para que las obras musicales europeas tengan una mayor visibilidad entre los ciudadanos de la Unión. Para lograrlo, proponen que se estudie la posibilidad de imponer a las plataformas la emisión de cuotas mínimas de canciones de grupos europeos.

Así mismo, también quieren que las piezas musicales que se creen con programas de inteligencia artificial sean identificadas como tales, de manera que los usuarios de estos servicios puedan identificarlas fácilmente.

El posicionamiento del Parlamento Europeo llega en un momento en el que los servicios de streaming de música tienen cientos de millones de suscriptores y representan el 67% de los ingresos del sector a escala global, con una cifra de negocio anual que alcanza los 22.600 millones de dólares.

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El Parlamento Europeo ha aprobado, con 587 votos a favor, 9 en contra y 20 abstenciones, una actualización de la normativa que regula el diseño, producción y reciclado de las baterías y pilas que vienen en todo tipo de productos electrónicos.

Está previsto que la legislación entre en vigor en 2027 y una de las medidas incluidas obligará a que los fabricantes diseñen sus dispositivos de tal manera que los consumidores tengamos la opción de retirar fácilmente las baterías que incluyen y sustituirlas por otras nuevas.

Garantizando que los ciudadanos podamos cambiar sin mayores problemas las baterías de móviles, tablets, ordenadores, cámaras y demás aparatos tecnológicos provocará que aumente el periodo de vida útil de los mismos. Ello se traducirá en ahorros económicos importantes, pero también en que se reduzca el nivel de residuos que generan estos productos cuando acaban en los contenedores de basura.

Otra de las medidas que se ha incluido en el texto hace referencia a que los fabricantes de las baterías y pilas de litio deberán tener listos procesos que permitan recuperar el 50% de dicho material en 2027 y el 80% en 2031. En el caso del cobalto, cobre, plomo y níquel que también incluyen, se verán forzados a recobrar el 90% en 2027 y el 95% en 2031.

Además, ocho años después de la entrada en vigor de la normativa, un mínimo del 16% del cobalto, el 85% del plomo, el 6% del litio y el 6% del níquel de las baterías y pilas deberá ser reciclado. Unos porcentajes que aumentarán hasta el 26% del cobalto, el 85% del plomo, el 12% del litio y el 15% del níquel cuando hayan transcurrido trece años desde su aprobación.

Apuntar para acabar que el texto también recoge que las baterías con una capacidad superior a 2kWh que formen parte de vehículos y medios de transporte ligeros como bicicletas o patinetes deberán incluir una etiqueta y un pasaporte digital obligatorios con información sobre su huella de carbono.

FOTOGRAFÍA: MAULIK SUTARIYA

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La emergencia de la inteligencia artificial como fenómeno de masas ha pillado a casi todo el mundo con el pie cambiado, empezando por Google, que ha visto cómo Microsoft ha integrado rápidamente esta tecnología en sus productos y ha comenzado a restarle cuota de mercado en el sector de las búsquedas.

A quienes también ha cogido por sorpresa ha sido a los legisladores, que de la noche a la mañana se han encontrado con que no disponen de leyes específicas para abordar la irrupción de servicios como ChatGPT o Bing AI.

Estas plataformas hacen uso de modelos de lenguaje basados en sistemas de inteligencia artificial a los que se suministra montañas de información procedente de sitios de Internet para que "aprendan" y la utilicen más adelante los conocimientos adquiridos para responder a las preguntas que se les realizan.

Como era de esperar, cada vez son más los creadores de contenidos que han alzado la voz y han reclamado a los poderes políticos que pongan coto a estas prácticas y no permitan que ChatGPT y demás chatbots utilicen los textos que ellos han creado sin su consentimiento.

El Parlamento Europeo parece que va a ser la primera institución que va a tomar cartas en el asunto y, en breve, tiene previsto presentar un primer borrador de la Ley Europea sobre la Inteligencia Artificial, en la que se van a recoger un conjunto de normas para reglamentar el uso de esta tecnología.

Entre ellas, se van a implementar medidas para forzar a las empresas que desarrollan este tipo de productos a revelar si han utilizado material sujeto a derechos de autor para entrenar a sus modelos de lenguaje. En caso de que así sea, quienes hayan creado esos contenidos contarán con una cobertura legal para solicitar una compensación económica.

Los eurodiputados también pretenden que quede constancia, negro sobre blanco, de que la responsabilidad última cuando un chatbot miente en sus respuestas debe recaer en las compañías que los han creado y no en los pequeños negocios que, posteriormente, los integran en sus servicios.

Otra propuesta que quieren incluir en el redactado de la ley es que se prohíba el uso del reconocimiento facial en espacios públicos. Este punto podría resultar polémico debido a que, según se apunta, las fuerzas policiales de algunos estados miembros podrían presionar a sus gobiernos para que no se imponga un veto total a estas prácticas.

Está previsto que las negociaciones en torno al redactado de la Ley Europea sobre la Inteligencia Artificial se alarguen todavía unos meses más. Aún así, se espera que la ley se aprobará antes de que finalice la actual legislatura del Parlamento Europeo en 2024.

FOTOGRAFÍA: PARLAMENTO EUROPEO

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El Parlamento Europeo ha refrendado, con 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones, el acuerdo al que llegó el Consejo de Europa en octubre pasado y ha establecido que a partir de 2035 se prohibirá la venta de coches de gasolina y diésel en los 27 países miembros.

Esta decisión forma parte de un paquete de medidas conocido con el nombre de "Objetivo 55". El objetivo de las mismas es conseguir que durante los próximos años se reduzca paulatinamente el nivel de gases contaminantes emitidos por los turismos y furgonetas que se comercializan en Europa, hasta llegar a mediados de la próxima década, cuando se pretende lograr un nivel de emisiones cero de CO₂.

La disminución será gradual, de manera que en 2030 se exigirá a los fabricantes que los turismos que pongan a la venta emitan un 55% menos de CO₂ en comparación con 2021 y un 50% menos en el caso de las furgonetas.

Señalar para acabar que las marcas que produzcan menos de 10.000 automóviles nuevos o menos de 22.000 furgonetas por año contarán con una exención hasta 2035 que les liberará de cumplir con las reducciones intermedias.

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Tal y como estaba previsto, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han llegado a un acuerdo para endurecer la normativa en materia de emisiones de CO₂ para turismos y furgonetas. Los cambios introducidos van a implicar que se prohíba la venta de vehículos con motores de combustión interna a partir de 2035.

Además, de aquí a 2030 los fabricantes deberán reducir los gases contaminantes de los coches en un 55% y de las furgonetas en un 50% respecto a los niveles de 2021. El objetivo de estas medidas es que la industria automovilística avance hacia un modelo de movilidad sin emisiones y más respetuoso con el medio ambiente.

Las firmas que vendan menos de 10.000 vehículos al año, como sucede con Ferrari, Rolls Royce, Bentley, Lamborghini y demás marcas de lujo, no deberán cumplir con los objetivos de 2030, pero sí con los de 2035.

Los estamentos europeos han recordado que van a seguir incentivando a los fabricantes para que lleven a cabo una transición hacia los coches eléctricos lo más rápida y efectiva posible. A tal efecto, cada vez que logren determinados umbrales de ventas de vehículos de emisión cero ser les recompensará con unos objetivos de emisiones de CO₂ menos estrictos para el resto de su flota.

Así mismo, el texto recoge que en el año 2026 la Comisión llevará a cabo una evaluación del progreso que hayan realizado los fabricantes y se guarda la potestad de revisar esta resolución e introducir cambios para asegurar una transición viable para todas las partes implicadas.

FOTOGRAFÍA: ANDREW ROBERTS

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El Parlamento Europeo ha aprobado hoy, con 602 votos a favor, 8 abstenciones y 13 en contra, que todos los teléfonos móviles, tablets y cámaras digitales que se vendan en la Unión Europea deberán incluir un puerto USB-C antes de que acabe 2024. Esta obligación se extenderá también a los ordenadores portátiles a partir de la primavera de 2026.

Esta iniciativa tiene como objetivo que podamos utilizar el mismo tipo de cables y cargadores en todos los dispositivos electrónicos que tengamos en casa, independientemente de su tamaño, funcionalidad y de la marca que los haya fabricado.

Ello no sólo va a hacer más fácil la vida a los ciudadanos, sino que además contribuirá a que se reduzcan los residuos electrónicos generados por el exceso de cables específicos que nos vemos obligados a utilizar en algunos aparatos. De hecho, se estima que esta medida va a permitir ahorrar unos 250 millones de euros anuales sólo en compras de cables.

Además de los dispositivos mencionados anteriormente, las consolas, auriculares, libros electrónicos, teclados, ratones, altavoces e incluso los sistemas de navegación también deberán incorporar un puerto USB-C. Además, aquellos que posean un sistema de carga rápida deberán hacerlo a la misma velocidad con cualquier cargador que sea compatible.

Así mismo, las empresas deberán informar en las etiquetas de sus productos acerca de las características de carga de los mismos, para que los consumidores puedan determinar, antes de comprarlos, si necesitan adquirir algún cargador adicional.

Tras la votación del Parlamento Europeo, el siguiente paso es que el Consejo Europeo apruebe formalmente la Directiva y se publique en Diario Oficial de la Unión Europea. Una vez suceda, entrará en vigor en un plazo de veinte días y los estados miembros tendrán un periodo de doce meses para adaptar sus legislaciones y otros doce adicionales para empezar a aplicarlas.

De ahí que, aunque el Parlamento haya aprobado hoy el uso de los cargadores USB-C, cada país de la UE tendrá hasta finales de 2024 para hacer efectiva esta normativa.

FOTOGRAFÍA: RAHUL CHAKRABORTY

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