Llevan a un ISP australiano a los tribunales por no desconectar a sus usuarios

Cómo están las cosas por Australia. Resulta que iiNet, el tercer ISP del país, deberá responder ante los tribunales por no impedir que los internautas que utilizan sus redes se descarguen archivos sujetos a derechos de autor mediante programas P2P como BitTorrent.

La demanda ha sido presentada por las productoras de cine, que tienen todas las de ganar en este caso después que recientemente se haya reformado una ley que exige a los operadores de telecomunicaciones que tomen medidas «razonables» para acabar con los infractores.

Los estudios sostienen que en el último año ha habido 97.942 usuarios de iiNet que han cometido el execrable, abominable, repugnante e indecente delito de compartir un total de 29.914 películas con otras personas, siendo Wanted y Hancock las más populares en aquellos lares.

¿Qué es lo que quiere conseguir la industria cinematográfica? Qué, sino: que el ISP se comprometa a desconectar a aquellos internautas que no hagan caso de las notificaciones que les envíen y sigan bajándose estrenos de Hollywood sin la autorización pertinente.

Hasta el momento, iiNet ha hecho caso omiso a las exigencias que le han planteado las productoras, arguyendo que por muchas supuestas infracciones que les hagan llegar, no tienen intención de desconectar a nadie si antes no demuestran sus acusaciones ante una corte de justicia y ésta falla a su favor.

Tras el primer día de juicio, representantes del operador han declarado a los periodistas que culpar a un proveedor de Internet porque sus clientes infringen la ley sería parecido a demandar al servicio de correos si se descubriera que muchas personas envían drogas en el interior de las cartas.

La sentencia, que puede dilatarse mucho en el tiempo, sentará un importante precedente que marcará, por un lado, si los ISPs deben responder ante la ley por las prácticas que lleven a cabo sus clientes y, por otro, si los titulares de los derechos tienen el poder para exigir la desconexión de los internautas que se descarguen sus obras o bien deben demostrar previamente sus acusaciones ante los tribunales.

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