La SGAE pide (otra vez) que se ilegalice el P2P

A la SGAE no le parece suficiente que desde el 1 de enero tengamos que pagar 1,5 euros adicionales en concepto de canon cada vez que compremos un teléfono móvil; tampoco tienen bastante con los 3,15 euros extra que debemos desembolsar al adquirir un reproductor portátil de audio y vídeo; ni con los 30 céntimos por las memorias USB; ni con los 3,40 euros por las grabadoras de DVD; ni con los 7,95 euros por las impresoras multifunción, ni con los 0,44 euros por cada DVD virgen; ni con los 9 euros por los escáners; ni…

Además de todo esto, la SGAE exige que se ilegalice el P2P. Sus máximos ejecutivos quieren, en definitiva, que utilizar el eMule, BitTorrent, Ares y demás programas de pares pase a ser un acto constitutivo de delito. Así lo ha vuelto a dejar claro Pedro Farré, director de gobierno corporativo de esta organización, quien ha reclamado que se pongan en marcha «leyes más claras, que declaren inequívocamente el P2P como una actividad ilícita». Más claro, el agua.

La postura de la SGAE, de PROMUSICAE y del resto de entidades gestoras de los derechos de autor en relación con las nuevas tecnologías la conocemos todos. Siempre ha sido la misma. Lo aberrante es que, históricamente, los partidos políticos hayan favorecido una y otra vez a estas élites, absolutamente minoritarias, en detrimento de los millones de ciudadanos que año tras año vemos cómo tenemos que mantener con nuestro dinero -y contra nuestra voluntad- a estos señores.

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