EEUU endurecerá las penas contra la piratería

El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que permitirá condenar a más de 3 años de prisión a aquellas personas que sean hayadas culpables de grabar las películas que se proyecten en los cines para después compartirlas mediante programas P2P.También endurece las penas contra quienes distribuyen música u otros trabajos sometidos a derechos de autor antes de que sean lanzados oficialmente.

Además de poder acabar en la cárcel, las multas para las personas que sean declaradas culpables pueden llegar a alcanzar los 250.000 dólares (unos 190.000 euros).

Este proyecto de ley supone un paso cualitativo muy importante en la lucha contra la distribución de películas y música a través de las redes de pares, ya que hasta el momento sólo se podía condenar a prisión a usuarios que hubiesen compartido 10 ó más obras sujetas a derechos de autor, mientras que las multas eran notablemente más bajas (se situaban en lo torno a los 2.500 dólares).

Tras la aprobación por parte del Senado, será ahora el presidente George Bush quien deba dar su visto bueno para que entre en vigor.

Mitch Bainwol, presidente de la Industria Musical norteamericana (RIAA) ha aplaudido la decisión tomada por los políticos estadounidenses, ya que según su opinión, «esta ley llena un agujero que existía y permitirá un refuerzo en la lucha contra la piratería por parte del gobierno y de los propietarios de los derechos».

Por su parte, Michael Weiss, alto ejecutivo de StreamCast Networks (creadores del programa P2P Morpheus), ha explicado que «la industria del entretenimiento ha obtenido una vez más la aprobación del Congreso para utilizar nuevos impuestos con el objetivo de sanear sus arcas».

Yendo más allá, Weiss no ha dudado en asegurar que muchas de las películas y canciones que se encuentran en las redes de pares antes incluso de salir al mercado son distribuidas por gente de la propia industria.

Finalmente, Adam Eisgrau, director ejecutivo de P2P United, ha afirmado que «las penas que establece el proyecto de ley son desproporcionadas con la naturaleza de los hechos a juzgar».

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