El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid ha ordenado a los proveedores de servicios de Internet que operan en España que impidan el acceso de sus clientes a The Pirate Bay. Esta resolución se ha producido a raíz de una reclamación de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y se ampara en la Ley de Economía Sostenible, más conocida como Ley Sinde.

Esta normativa otorga a la Comisión de Propiedad Intelectual, un organismo integrado por representates de la industria audiovisual del país, la potestad de acudir a los tribunales y solicitar a los jueces que dictaminen el cierre o el bloqueo de sitios de descargas de torrents.

Cumpliendo con el mandato judicial, Movistar, Vodafone, Orange, Ono, Jazztel y el resto de ISP con presencia en España han cortado el acceso a The Pirate Bay y, desde este fin de semana, ya no se puede visitar ni a través de thepiratebay.se ni del resto de dominios que utiliza este portal, como thepiratebay.com, thepiratebay.net y thepiratebay.org.

Tras este nuevo revés legal, The Pirate Bay se encuentra bloqueado actualmente en el Reino Unido, Italia, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Finlandia y ahora también en España. Es evidente que no corren buenos tiempos para la web sueca ni para su empresa matriz Neij LMT Holdings.

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La versión de desarrollo de Windows 10 que se ha filtrado este fin de semana revela que Microsoft está planeando distribuir las actualizaciones de este sistema operativo utilizando el protocolo P2P. Con este movimiento, la multinacional estadounidense buscaría que los usuarios pudiesen descargarse las aplicaciones y parches que surjan en el futuro de manera más rápida y eficiente.

Microsoft no ha confirmado todavía qué red P2P utilizaría a tal efecto, aunque es razonable pensar que, en caso de que se decante por esta opción, haga uso de la tecnología creada por Pando Networks, una compañía que compró en marzo del 2013 y que está detrás del cliente P2P Pando.

Está previsto que en los próximos días Microsoft distribuya de manera oficial una nueva beta de Windows 10 que incluirá, de acuerdo a lo visto en la versión que ha aparecido este fin de semana, retoques en la interfaz de usuario, mejoras en el funcionamiento del sistema y, quizás, un avance de Spartan, el navegador que va a sustituir a Internet Explorer.

Será entonces cuando podremos comprobar con más datos sobre la mesa si Microsoft utilizará efectivamente una red P2P para acelerar la adopción de sus actualizaciones en Windows 10 y, si la respuesta es afirmativa, qué características incorporará a la misma para asegurar la seguridad y confidencialidad de los datos que se transmitan.

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La última versión del cliente P2P uTorrent trae una sorpresa desagradable para sus millones de seguidores: en el paquete de instalación se incluye un programa llamado EpicScale que, una vez está presente en un ordenador, se dedica a utilizar su CPU y su tarjeta gráfica para extraer bitcoins y enriquecer a la compañía que lo ha creado.

El escándalo ha saltado a la luz después de que un usuario haya publicado un mensaje de denuncia en el foro oficial de uTorrent tras comprobar que, después de descargarse la última versión disponible, su equipo ha comenzado a comportarse como si estuviese siendo sometido a un uso intensivo incluso cuando él apenas lo utilizaba.

La causa de este comportamiento inusual tiene su origen en que EpicScale, como el resto de aplicaciones de minería de Bitcoin, utiliza ciclos de computación de los ordenadores en los que está instalado para extraer estas monedas virtuales. Ello hace aumentar la carga de trabajo de los equipos informáticos, provoca que consuman más energía y aumenta la factura eléctrica.

Los creadores de uTorrent han tratado de defenderse de la oleada de críticas que han recibido señalando que durante el proceso de instalación se ofrece la opción de excluir EpicScale si así se desea. Una argumentación que ha sido contradicha por muchos usuarios que denuncian que tras actualizarse a uTorrent 3.4.2 se han encontrado con que este programa de minería se había instalado en sus ordenadores a pesar de no haber dado su consentimiento para ello.

Si eres usuario habitual de uTorrent y no quieres que tu ordenador se convierta en un nodo de extracción de bitcoins, tienes muchas opciones disponibles. La más fácil pasa por no actualizar el programa y continuar como hasta ahora confiando en que en un futuro aparezca una nueva versión que no incluya ningún software de minería.

Pero si, visto lo que ha sucedido, prefieres olvidarte de uTorrent e instalar otro cliente de BitTorrent (es lo que he hecho yo), lo cierto es que tienes muchas alternativas. La mejor probablemente sea qBittorrent: es software libre (puedes seguir su desarrollo en GitHub), tiene variantes para Windows, Mac OS X, GNU/Linux y FreeBSD y su interfaz de usuario es muy similar a la de uTorrent.

Pero además de qBittorrent, tienes otros programas como Tixati, Deluge, Tribler o Transmission. Escoger uno u otro es cuestión de los gustos particulares de cada uno. Todos funcionan bien y permiten descargar, qué sé yo, distros de Linux :-) de manera eficiente y sin el temor de que en segundo plano se ejecute un software fantasma que, sin nuestro permiso, trate de extraer bitcoins para una tercera compañía.

IMAGEN DE PORTADA: AMPEROSS

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La espera ha acabado. Después de permanecer 53 días inactivo como consecuencia de una redada que el pasado 9 de diciembre llevó a cabo la policía sueca en sus oficinas y que acabó con sus servidores embargados, The Pirate Bay vuelve a funcionar con normalidad.

Desde hace unas horas, esta popular página de descargas muestra a los visitantes el mismo aspecto y funcionalidad de siempre, con un solo cambio reseñable: el habitual logo del barco pirata ha sido sustituido por el de un ave fénix, como símbolo de que el sitio ha resurgido de sus cenizas.

Según se ha informado en las últimas horas, los acontecimientos acaecidos estas semanas han disparado las discrepancias entre la dirección del portal de descargas y los antiguos empleados, hasta el punto de que estos últimos han anunciado que próximamente crearán su propia web de descargas en la que incorporarán una copia de la base de datos de TPB con todos los torrents.

Sea como fuere, la reaparición de The Pirate Bay es una buena noticia para sus millones de seguidores, que vuelven a tener a un solo clic de distancia un portal desde el que descargar todo tipo de contenido multimedia.

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Agentes de la policía sueca han llevado a cabo una redada en las oficinas que The Pirate Bay tiene en Estocolmo. Durante la misma han accedido a la sala de los servidores, los han desconectado y posteriormente los han incautado, lo que ha provocado la caída temporal de una de las webs más visitadas del mundo.

Un portavoz de los cuerpos de seguridad del país escandinavo ha ratificado la actuación policial y ha subrayado que la intervención se ha realizado por las conexiones que existen entre The Pirate Bay y las descargas no autorizadas de contenidos sujetos a derechos de autor.

En el transcurso de las últimas horas también han caído otros trackers como EZTV, Zoink, Torrage o Istole, aunque todavía no se ha confirmado de manera oficial si los servidores de estos sitios también han sido embargados por la policía en el marco de esta macro operación o si las causas son otras.

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El pasado 1 de octubre entró en vigor en Japón una polémica reforma legislativa en función de la cual las personas que sean cazadas descargándose películas, series, música, videojuegos o anime pueden ser condenadas a penas de hasta 2 años de cárcel y al pago de cuantiosas multas económicas.

Su aprobación vino precedida de fuertes presiones por parte de la industria del entretenimiento local, que anteriormente ya había logrado que se castigara con hasta 10 años de privación de libertad y sanciones que en función de la gravedad de los hechos juzgados pueden alcanzar los 100.000 euros a los internautas que suban contenidos a la Red.

Medio año después de su ratificación, algunos ciudadanos japoneses han comprobado en sus carnes la severidad de esta normativa después de que los cuerpos policiales hayan efectuado 124 registros repartidos por las 47 prefecturas del estado asiático en los que han terminado arrestando a 27 personas.

Las redadas se produjeron entre los días 19 y 21 de febrero y sobre todos los detenidos pende la grave acusación de descargar y/o subir material audiovisual y software mediante unos clientes P2P llamados Share y Perfect Dark.

La información acerca del caso es escasa, pero sí que ha trascendido que uno de los encausados es responsable, según las pesquisas que se han efectuado, de haber subido 1.600 episodios de series de animación, mientras que otro ha hecho lo propio con 1.300 programas. Si en el juicio al que presumiblemente tendrán que hacer frente son encontrados culpables, es muy probable que sean sentenciados a penas de varios años de prisión. Así están las cosas en Japón

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Las amenazas recibidas por parte de la Rights Alliance, una entidad que agrupa a discográficas y productoras de cine de Suecia, de llevar ante los tribunales a cualquier empresa o institución que proporcione hospedaje a The Pirate Bay más allá del día 26 de febrero, ha obligado al famoso portal de descargas a izar velas y partir del país escandinavo en el que durante los últimos 3 años ha venido recibiendo la ayuda del Partido Pirata local rumbo a aguas más apacibles.

Desde hoy mismo, la puerta de entrada a Internet para The Pirate Bay va a ser proporcionada simultáneamente por las agrupaciones adscritas al Partido Pirata de España y de Noruega. La decisión de venirse a estos países en concreto y no a otros se ha tomado debido a los precedentes legales en casos relacionados con las descargas online que se han venido produciendo en los últimos tiempos.

En España numerosas sentencias judiciales han puesto de manifiesto que los responsables de programas o páginas de descargas no pueden ser considerados culpables de delitos penales en tanto en cuanto no se beneficien económicamente de la labor que desarrollan y no hospeden los archivos que ponen a disposición de sus visitantes.

En el caso de Noruega, una serie de estudios de cine y las discográficas agrupadas en torno a la International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) han tratado de que el proveedor de acceso a Internet Telenor bloquease el acceso de sus internautas a la web de The Pirate Bay, pero la justicia ha dictaminado que esa petición es contraria a la legislación en vigor actualmente en el estado nórdico.

A raíz de esta noticia es muy posible que las presiones de las multinacionales del sector audiviosual a ambos gobiernos aumenten aún más si cabe. A nadie debería extrañar pues que en los próximos meses los políticos de uno y otro país pongan sobre la mesa reformas legales que refuercen la presión sobre este tipo de portales y endurezcan las condenas, pero hasta que ese día llegue, si es que llega, el buque de The Pirate Bay seguirá anclado en España y Noruega.

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El año pasado, aproximadamente por estas mismas fechas, la cantante pop finlandesa Chisu lanzó con notable éxito su tercer álbum de estudio, titulado Kun Valaistun, que debutó en el número uno de las listas del país nórdico. Unos días más tarde, una niña de sólo 9 años encendió su ordenador portátil de Winnie the Pooh, e introdujo el nombre de su artista favorita en Google.

Tras una pequeña búsqueda acabó en The Pirate Bay, desde donde se bajó el disco que acababa de salir a la venta. La mala suerte quiso que la asociación antipiratería TTVK, algo así como la SGAE de Finlandia, siguiera el rastro de su descarga y, finalmente, localizara la dirección desde la que esta malvada delincuente, capaz de las más despiadadas atrocidades, había llevado a cabo tal acción.

Tiempo más tarde, se pusieron en contacto con los padres de la pequeña y, con un estilo que recuerda al de las organizaciones mafiosas, les propusieron olvidarse del tema si accedían a pagar una suma de 600 euros y a firmar, acto seguido, un documento de confidencialidad por el que se comprometían a no revelar el acuerdo alcanzado. Sus progenitores se negaron a ello, y esta semana, para su desgracia, han podido comprobar en sus carnes las consecuencias de no avenirse a las condiciones estipuladas por la TTVK.

Y es que este martes, a las 8:00 de la mañana, unos policías se han presentado en la puerta de su casa y, con una orden judicial en la mano, han registrado la vivienda, se han incautado del portátil de Winnie the Pooh de su hija desde el que el año pasado se bajó la música pirata y, antes de irse, les han recordado que todo habría sido más fácil si hubieran pagado la cuantía que se les indicó.

Una vez el caso ha llegado a la prensa gracias, entre otros, a la labor ejercida por la Electronic Frontier Foundation, la propia Chisu ha emitido un comunicado a través de su página en Facebook para desmarcarse de cuanto ha acontecido y para indicar que este tipo de decisiones se llevan a cabo de manera centralizada y sin el consentimiento explícito de los artistas implicados.

¿La magnitud mediática de lo acontecido y las consecuencias tan negativas que puede tener para las ventas de discos de sus representados en Finlandia servirán para que la TTVK se eche atrás y, por una vez, devuelva el ordenador a la niña y le pida perdón a sus padres? Cualquiera sabe, pero independientemente de lo que suceda en esta ocasión, lo que debería preocuparnos a todos es el enorme poder que este tipo de asociaciones privadas está aglutinando a expensas de los derechos de los consumidores.

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El 1 de octubre entraron en vigor en Japón unos cambios legislativos que castigan con extrema severidad las descargas de contenidos sujetos a derechos de autor como música, películas o series de televisión y que pueden suponer para los infractores penas de hasta dos años de prisión.

La reforma legal ha tenido como mayor valedora a la industria discográfica nipona, la segunda mayor del mundo por volumen de ventas, que durante años se ha venido quejando de que la piratería mermaba las ventas de sus artistas, inflingía pérdidas millonarias a sus cuentas de resultados y costaba puestos de trabajo en un sector que mueve miles de millones al año.

Si ahora mismo tienes la sensación de haber leído estos argumentos con anterioridad es debido a que la práctica totalidad de las entidades gestoras de los derechos de autor y sellos musicales del mundo mundial parecen hacer uso del mismo manual de razonamientos/excusas/pretextos para atacar a los internautas y defender su modelo de negocio.

El caso es que, según las disqueras, una vez los habituales de los programas P2P vieran que podían pasarse una temporada en la cárcel por bajarse canciones abandonarían esa perversa e insana costumbre y, por algún misterio insondable que sólo ellas conocían, empezarían a comprar esa misma música en comercios o tiendas online.

El problema es que, a la vista de los datos, sus profecías no se están cumpliendo. De hecho, está sucediendo lo contrario, puesto que según una encuesta realizada por Livedoor News en Japón la venta de música está bajando a un ritmo acelerado y, lo que es peor, los consumidores muestran menos interés que nunca en los nuevos discos que salen al mercado.

De acuerdo al estudio llevado a cabo por esta empresa, el 68% de los encuestados confiesa no haber gastado ni un sólo yen en música a lo largo del último mes, el porcentaje más elevado que se ha dado en el país asiático en relación a este capítulo en casi 10 años.

A la vista de estos resultados, será interesante comprobar cuál es la reacción de las discográficas japonesas. ¿Bajarán los precios de los discos? ¿Sacarán mejores canciones? ¿Promocionarán a grupos menos comerciales? ¿Apostarán por la distribución digital de su extensísimo catálogo y no confiarán su suerte casi en exclusiva, como hasta ahora, al formato CD? ¿O por contra continuarán como siempre y optarán simplemente por culpar a la pérfida Internet de sus males presentes y futuros?

He de confesar que como futurólogo no valgo un céntimo, pero repasando las reacciones que históricamente han tenido este tipo de empresas en lo que llevamos de siglo XXI, si tuviera que apostar por una opción me decantaría por esta última

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En el día de hoy ha entrado en vigor en Japón una nueva y durísima legislación que quiere poner coto a las descargas de contenidos sujetos a derechos de autor como películas, series, documentales, música y programas en Internet mediante la imposición de penas de privación de libertad y multas estratosféricas.

Aunque tales prácticas ya eran consideradas ilegales desde el 2010 en la práctica no se había sentenciado a nadie hasta ahora. Eso, parece, va a cambiar desde ya. Desde este mismo momento, aquel usuario que sea cazado bajándose un estreno de cine, la discografía de algún cantante del que sea seguidor o la última versión del Photoshop deberá hacer frente a condenas que podrían llegar a los 2 años de prisión y al pago de hasta 20.000 euros.

Los cambios legislativos fueron aprobados por los políticos locales en el mes de junio. Horas después, la web del Ministerio de Finanzas fue hackeada y las páginas del Tribunal Supremo, de la principal sociedad gestora de los derechos de autor y de los partidos políticos que con sus votos permitieron que la reforma tirara hacia adelante, sufrieron ciberataques y permanecieron inaccesibles temporalmente.

El endurecimiento de las sanciones para los internautas se ha producido como consecuencia de las presiones efectuadas por la industria musical del país, que anteriormente ya había conseguido que se persiguiera a las personas que suben material protegido por derechos de autor con castigos que, en función del caso, pueden llegar hasta los 10 años de cárcel (sí, ¡10 años!) y sanciones máximas de 100.000 euros.

Las desproporcionadas medidas adoptadas quieren proteger un negocio, el de la música, que año tras año mueve miles de millones en Japón. Y es que el país asiático es el segundo mercado más importante del mundo para las discográficas por volumen de ventas.

Pese a ello, la Recording Industry Association of Japan clama que la piratería hace mella en las cuentas de resultados de sus representados. De acuerdo a las cifras que manejan (habría que ver hasta qué punto fiables) por cada canción que se compra se descargan 10 mediante torrents o servicios de descarga directa.

¿Metiendo a gente en la cárcel y poniéndose al público (sus clientes, no lo olvidemos) en contra lograrán impulsar aún más si cabe las ventas de sus artistas? En unos meses lo sabremos, aunque personalmente apostaría a que no. El tiempo, en cualquier caso, dictará sentencia.

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