La reforma en curso de la ley de Propiedad Intelectual resulta polémica porque pretende generalizar el canon digital como fórmula preventiva para proteger los derechos de los autores ante la creciente piratería informática que lesiona sus ingresos.
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El canon digital encarece el coste de aparatos, soportes y contenidos, en un porcentaje que según algunos cálculos puede superar el 20% del precio final. La paradoja es que este sobrecoste no garantiza en absoluto que se reduzcan las copias ilegales ni la piratería, sino que más bien supone un incentivo adicional para que se incrementen, así como también para que se deslocalice la compra de aparatos, soportes y contenidos hacia países que no apliquen gravámenes de este tipo sobre ellos.
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Estamos ante un choque entre un sistema de distribución de contenidos del siglo XXI y un modelo cultural y económico propio del siglo XIX.
Estos párrafos están extraídos del editorial del diario La Vanguardia, el primer periódico que se posiciona claramente en contra de la aplicación del canon.
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