Cuando apenas si han pasado 72 horas desde que el Tribunal Supremo británico ordenó a los proveedores de servicios de Internet que debían bloquear el acceso a The Pirate Bay, Virgin Media ya ha comenzado a cumplir el mandato judicial y está impidiendo a sus clientes visitar en el conocido sitio de descargas.
Cuando estos quieren entrar en TPB, en lugar del barco pirata y el cajetín de búsqueda del portal les aparece el siguiente mensaje en el que se les indica que la página en cuestión no está disponible a través de Virgin Media y se les explica que ello es debido a un mandato judicial que busca proteger las infracciones de los derechos de autor.
Es sólo el principio. En los próximos días o semanas British Telecom, Sky, Everything Everywhere, TalkTalk y O2 se van a ver obligados a tomar la misma medida si no quieren contravenir el dictamen del alto tribunal.
Ante esta situación, The Pirate Bay ha emitido un comunicado en el que muestran su indignación por el caso, se quejan amargamente de no haber podido defender su postura ante la justicia británica e instan a los habituales de la web a que utilicen programas como TOR, I2P o redes privadas virtuales para navegar de manera anónima y saltarse éste y cualquier otro bloqueo que los juecen puedan ordenar en el futuro.
Un alto tribunal británico ha dictaminado que tanto The Pirate Bay como los internautas que visitan la página y se descargan sus contenidos violan los derechos de autor de 9 compañías discográficas. Esta decisión, que presumiblemente implicará que en en las próximas semanas se bloquee el acceso al conocidísimo tracker en el Reino Unido, ha sido tomada en un juicio en el que no han estado presentes ninguno de los fundadores de TPB.
En sus conclusiones, el juez del caso ha subrayado que los propietarios de The Pirate Bay incitan o persuaden a sus usuarios a infringir los derechos de autor y que tanto los unos como los otros tienen como común objetivo conseguir material sobre el que no tienen la propiedad intelectual sin el permiso explícito de sus creadores.
Además, ha indicado que es irrelevante a este respecto que la web obtenga o no beneficios económicos de los millones de visitas que recibe puesto que es solidariamente responsable de las infracciones que cometen sus usuarios.
Telefónica, Virgin Media, TalkTalk, BSkyB, BT y Everything Everywhere, los operadores de acceso a Internet que se han presentado en este caso del lado de la defensa y que, dado el dictamen que se ha producido, presumiblemente se verán forzadas a cortar el acceso a The Pirate Bay en territorio británico, han emitido un comunicado conjunto en el que, como no podía ser de otra manera, explican que acatarán cualquier orden judicial que se les haga llegar pero que creen firmemente que estas drásticas decisiones deben venir acompañadas de alternativas legales que permitan a los internautas acceder a las canciones de sus artistas favoritos a un precio justo.
Desde finales de octubre del año pasado la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses están perfilando los detalles de la Stop Online Piracy Act (SOPA) y la PROTECT IP Act (PIPA), dos anteproyectos de ley impulsados por la industria del entretenimiento que en caso de aprobarse dotarían a las discográficas y los estudios de cine de nuevas armas para combatir las descargas y que, si todavía no han entrado en vigor, ha sido únicamente por el enorme rechazo que han generado entre la comunidad internauta y las pocas ganas que algunos políticos norteamericanos tienen de suicidarse electoralmente.
Es en cualquier caso una normativa que ha contado con el respaldo nada disimulado de nombres importantes tanto en el partido demócrata como en el republicano, que vienen acusando desde hace años a los internautas, como también sucede por aquí, de ser unos delincuentes, unos piratas y de provocar con sus acciones la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Dadas las manifestaciones que estos señores, supuestos representantes de la soberanía popular, han realizado durante mucho tiempo y el desdén que han mostrado en reiteradas ocasiones hacia todo lo que huela a P2P, parecería lógico pensar que en el día a día tanto ellos como sus empleados predican con el ejemplo y jamás de los jamases han utilizado programas como el uTorrent, el eMule o el Ares para bajarse canciones, películas o series.
Nada más lejos de la realidad. Utilizando la herramienta YouHaveDownloaded, en TorrentFreak han descubierto más de 800 IPs asignadas a la Cámara de Representantes -lo que viene a ser el Congreso en España- desde las que se han descargado y compartido contenidos en BitTorrent, la mayoría de los cuales sujetos a derechos de autor.
Largometrajes, espacios televisivos, sistemas operativos como Windows 7 y libros de todo tipo y pelaje han sido bajados en reiteradas ocasiones desde una institución en la que, en contra de lo que han pregonado en múltiples ocasiones sus máximos dirigentes, se usan las conexiones a Internet de manera muy similar a como lo hacen los ciudadanos de a pie, esos a quienes no tienen reparos a señalar con el dedo cuando les conviene y a quienes acuden pesarosos en busca del voto perdido en cuanto se aproximan unas elecciones.
Servicios de descarga directa como Megaupload, webs de enlaces como TorrentSpy, LokiTorrent o Suprnova, programas P2P como Napster o Grokster y páginas para compartir vídeos como Megavideo han tenido todas el mismo final: han sido cerradas u obligadas a modificar sus contenidos por la Recording Industry Association of America (RIAA) y la Motion Picture Association of America (MPAA), que han contado para estos menesteres con la inestimable ayuda de la clase política estadounidense, siempre presta a elaborar legislaciones afines a los intereses de las discográficas y los estudios de cine.
Más de 23.000 internautas van a recibir en los próximos días y semanas sendas notificaciones en las que se les informará de que van a ser demandados por haber descargado la película Los Mercenarios mediante un cliente de BitTorrent sin la autorización de los poseedores de los derechos.
La misiva va a ser remitida por el US Copyright Group (UCSG), una empresa que trabaja para la industria del cine y que se dedica a monitorizar la descarga de determinados largometrajes en las redes P2P, a almacenar las direcciones IP de los usuarios que los comparten y a forzar a los proveedores de acceso a Internet, mediante mandatos judiciales, a que les proporcionen los datos personales de esas personas para ponerse en contacto con ellas y comunicarles que van a ser llevadas ante los tribunales.
Este tipo de actuaciones se vienen llevando a cabo con inusitada regularidad desde hace una década, hasta el punto de que en estos momentos hay más de 140.000 usuarios de BitTorrent con causas pendientes sólo en Estados Unidos, pero nunca hasta ahora se había demandado a tantas personas de una sola tacada.
La práctica habitual en estos casos es ofrecer a los implicados la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial a cambio de una cantidad cercana a los 3.000 dólares, solución ésta que la mayoría suele aceptar a regañadientes para ahorrarse un costoso proceso que en no pocos casos podría acabar llevándoles a la bancarrota.
Tan es así que en EEUU han comenzado a proliferar empresas como la referida UCSG, que van a comisión y que han visto en las descargas una manera de ganar dinero fácil a costa de los internautas. Espero sinceramente que nunca lleguen a desembarcar en España 
Discográficas, estudios de cine y sociedades gestoras de los derechos de autor están presionando a los ISP británicos para que impidan a los internautas acceder a un centenar de webs de descargas que consideran especialmente dañinas para sus intereses económicos, entre las que se encuentran algunas tan conocidas como The Pirate Bay.
En las últimas semanas representantes de ambas partes han manteniendo una serie de reuniones parar fijar las bases sobre las que se asentará esta colaboración mutua. Disqueras y productoras cinematográficas quieren que los proveedores de acceso a Internet acepten firmar un código voluntario con el que se comprometan a bloquear el acceso a sitios que contengan enlaces a películas de estreno y/o canciones de moda.
Los ISP no se oponen a la idea, pero exigen que sea un juez quien determine las páginas a las que se les cierra el grifo. En ningún caso quieren que la opinión pública piense que se han plegado a los postulados de la otra parte y tampoco están dispuestos a enfrentarse en solitario a las demandas que en un futuro les podrían llegar por parte de los propietarios de dichas webs si estos considerasen que se les coharta el derecho a la libertad de expresión y comunicación.
En un caso que recuerda a lo sucedido en España con la ínclita Ángeles González Sinde, el ministro de cultura británico, Ed Vaizey, se ha puesto del lado de la industria del entretenimiento y está tratando de que empresas como BT o TalkTalk, que en conjunto suman más de 8 millones de clientes, se avengan a las condiciones que les han sido planteadas, incluida por supuesto la tan controvertida medida de bloquear los sitios de descargas sin el dictamen de la autoridad judicial pertinente.
Como veis, ya sea en el Reino Unido, en España, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá o en Australia, los sellos musicales y los estudios de cine siempre se las apañan para conseguir que los políticos de turno se pongan de su lado y defiendan ante quien haga falta sus postulados.
Un nuevo e inmisericorde enemigo se atisba en el horizonte de los usuarios habituales de las redes P2P; uno que ha descubierto en las demandas a los internautas una nueva y jugosa vía de financiación; uno piensa plantar batalla hasta el final y que va camino de convertir a las discográficas y a los estudios de Hollywood poco menos que en hermanitas de la caridad: me refiero nada más y nada menos que a la industria del porno.
Aunque el auge de las páginas de descarga ha hecho disminuir la popularidad de los programas de pares, la presión que determinados sectores ejercen sobre los internautas que comparten contenidos sujetos a derechos de autor a través de los mismos no sólo no ha bajado sino que va en aumento.
Así lo pone de manifiesto esta extensa y extremadamente bien documentada base de datos que recoge las demandas que han sido interpuestas en Estados Unidos contra los usuarios P2P en el último año. Un periodo éste en el que se han iniciado 99.924 procesos legales contra internautas a los que se acusa de utilizar BitTorrent, eMule y clientes similares para descargarse estrenos de cine, discos, canciones y, sí, especialmente fotografías y películas subiditas de tono.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) constata que la intención última de la mayoría de empresas que están detrás de estos procesos no es llevar a la gente ante los tribunales para defender sus supuestos derechos de propiedad intelectual, sino conseguir acuerdos extrajudiciales que les llenen los bolsillos de manera rápida y efectiva.
Las cuantías que solicitan a cambio de olvidarse del asunto varían en función de la cantidad de archivos que se haya bajado cada acusado. A cambio de satisfacer los deseos de la industria, los usuarios P2P se ahorran un largo y potencialmente costosísimo proceso judicial en el que podrían llegar a tener que hacer frente a sanciones elevadísimas e incluso a penas de prisión.
Richard Humphrey, un estadounidense de 22 años que reside en Ohio, ha sido condenado a 29 meses de prisión tras demostrarse que había hecho de la distribución de películas piratas a través de Internet su modo de vida mientras cumplía con un arresto domiciliario al que había sido sentenciado anteriormente.
Fue en esas condiciones de privación de libertad cuando en diciembre del 2006 puso en marcha el portal USAwarez.com, en el que ofrecía a sus visitantes la opción de descargarse miles de películas, videojuegos y programas informáticos.
A mediados del año siguiente, visto el aumento en el número de visitas que había experimentado el sitio, eliminó el acceso gratuito a los contenidos más populares y estableció un sistema de suscripción VIP de 16 dólares anuales destinado a aquellos que quisieran bajarse los últimos estrenos de Hollywood antes incluso de que se estrenasen en las salas de cine y los juegos más esperados.
Además de entrar en la cárcel, el FBI le ha requisado sus ordenadores personales, los dispositivos que utilizaba para realizar las copias de CDs y DVDs y han cerrado el servidor en el que estaba hospedada su página web.
Después de casi 5 años de funcionamiento ininterrumpido, hace 10 días los fundadores de Mininova se vieron obligados a eliminar todos los torrents del sitio a excepción de los subidos por una serie de usuarios autorizados. La decisión llegó después que en el mes de junio un tribunal de Utrecht fallara en favor de BREIN, una asociación anti-piratería formada por discográficas y productoras de cine holandesas, y advirtiera a sus creadores que de no borrar la totalidad de las películas y canciones deberían hacer frente a una multa de 5 millones de euros.
Las consecuencias de esta determinación no se han hecho esperar: en una semana el tráfico del sitio ha descendido un increíble 66% y las descargas diarias se han quedado en un raquítico 4% respecto a los datos que solía tener el sitio. Los usuarios habituales, en vista de que no pueden encontrar el tipo de contenidos que andan buscando, han desertado en masa. Ni fidelidad ni leches en vinagre. El que durante años ha sido el sitio de torrents más visitado de la Red, se está yendo al garete a una velocidad de vértigo.
En unos días ha pasado de superar ampliamente los 5 millones de visitas diarias a 1,8 millones. Más impactantes son aún los datos referentes a las descargas: de tener 10 millones al día se han quedado en algo más de 370.000. Mientras tanto, el número de búsquedas se han hundido desde los 10 millones hasta los 3 millones actuales. Y bajando. Da miedo pensar las estadísticas que tendrán en 1 ó 2 meses.
Dudo mucho que las disqueras, ni en sus más dulces y húmedas fantasías, hubieran soñado nunca con un descalabro de tal magnitud. Claro que aún les queda mucho trabajo por delante. Para su desgracia, el tráfico global de los sitios P2P no ha descendido. Los internautas, sencillamente, han migrado a otras webs donde sí pueden descargarse lo que quieren. Y así seguirán haciéndolo hasta que unos y otros no entiendan que Internet ha cambiado las reglas del juego y que no pueden seguir ofreciendo eternamente sus productos a precios desorbitados y con restricciones de todo tipo.
Las personas que descargan música de Internet son también las que más canciones compran, ya sea en los comercios habituales o en tiendas online. Así lo atestigua una encuesta realizada por Ipsos MORI que se ha publicado hace unas horas y que arroja datos tan interesantes como que los usuarios de redes P2P gastan un 75% más en música que aquellos que afirman no utilizar jamás este tipo de aplicaciones.
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