La ofensiva francesa contra el P2P va tomando cuerpo

El pasado mes de noviembre, Nicolas Sarkozy anunció que iba a poner en marcha una legislación que obligaría a los proveedores de acceso a Internet a vigilar a sus clientes y a cortarles la conexión en caso de que descubrieran que estos estaban utilizando los programas P2P para descargarse contenidos protegidos por derechos de autor.

Desde entonces, poca cosa más se había sabido al respecto, a parte de que las entidades de autor, con la RIAA y la IFPI a la cabeza, habían convertido al presidente francés en el nuevo héroe del gremio. Hay quien dice que incluso algunos de sus directivos habían adornado sus habitaciones con pósters del político. Ya se sabe, es lo que tiene la idolatría...

Bueno, a lo que iba. Si todo avanza según lo previsto, las medidas del ejecutivo francés entrarán en vigor a partir del verano, y no antes, para dar tiempo a las telecos a realizar las inversiones necesarias para poder controlar a los internautas que utilizan sus redes. Les guste o no deberán ejercer de censores activos, de policías de la Red. Y más bien les gusta poco, ya que verán bajar hasta los infiernos su popularidad, valoración e imagen entre los franceses.

Por otra parte, los internautas no sólo verán cómo sus comunicaciones son monitorizadas, sino que presumiblemente también deberán pagar más por conectarse a Internet, ya que los ISP trasladarán a sus clientes los gastos que están efectuando para adaptarse a la nueva legislación. Cojonudo, vamos.

Pero claro, eso no es, desde luego, algo que preocupe lo más mínimo a discográficas, productoras de cine y entidades de autor varias. De hecho, John Kennedy, el presidente de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), ha dejado claro que "estamos ante la iniciativa más importante para ayudar a ganar la guerra contra la piratería que hemos visto hasta ahora". Que los internautas, sus clientes, salgan perjudicados es lo de menos. Lo primero -y lo último- es la pasta.